Alaska, 19 de mayo de 2025,
Leo
y oigo que se quiere transformar la DGAIA y el sistema de protección de menores,
sobre todo a raíz del último caso de abusos. De lo más sensato que he oído estos
días ha sido la declaración en Catalunya Radio de una profesional de la fundación
Vicky Bernadet pidiendo un debate sosegado sobre la cuestión. Ciertamente, no
es buena idea hacer enmiendas a la totalidad con el aliento de los titulares en
el pescuezo.
Veremos
en que quedan las noticias y la política cuando el foco se apague.
Se
habla de reforzar la prevención para que los menores no acaben en centros. Reforzar la prevención siempre es una apuesta segura. Sobre
la prevención hay una cosa que los políticos y los expertos (siempre hay un
comité) tendrán que tener presente: uno de los problemas de la administración es
la administración misma. Como ente. Lo sé porqué lo he vivido. Se pueden
mejorar protocolos, se pueden aumentar ayudas, profesionales y ratios y, si eso
sucede, estará muy bien. Pero la administración es un monstruo rígido, pesado,
que vive muy mal la excepcionalidad, la urgencia y lo imprevisto. Yo he
trabajado con familias que requerían un apoyo excepcional puntual, de una
intensidad o unas características que no obedecían a las ayudas estandarizadas
al uso, y en ocasiones era darse contra un muro infranqueable, burocrático y sordo. No era cuestión de buena o mala fe, era solo que la complejidad del caso por caso, la necesidad particular, única, local casa mal con los procesos administrativos. Casa mal con los modelos. Es un problema de difícil solución, porque, repito, no va solo de recursos. En Cataluña hay un sistema bastante musculado de servicios sociales
básicos y especializados, con ayudas, equipos y profesionales excelentes. Se pueden cambiar estructuras o sistemas, pero si no se gana en
ligereza y flexibilidad será muy complicado llegar a todos los puntos ciegos de
la prevención.
Luego
está el tema de los centros. He conocido algunos que funcionan muy bien (suelen
ser pequeños, con equipos estables) y otros que funcionan muy mal. No soy un
experto, pero supongo que una de las razones por las que en su momento se optó
por externalizar servicios fue precisamente buscando la flexibilidad que la administración
no tiene. De las otras posibles razones solo sé lo que ha ido saliendo en los
medios, poca cosa. En todo caso, cualquier cesión de lo público ha de ir
acompañado de un sistema de control riguroso y de calidad. La cesión a terceros
no es cesión de responsabilidades. También he de decir que desde que trabajo en
esto no he oído argumentos que me convenzan de una manera categórica de que el
sistema de protección no se pueda sustentar exclusivamente desde lo público. Si
los hay, que quizás sí, se han explicado poco.
Y,
por último, algo que sí que conozco bien: los sueldos de vergüenza. Lo único
que he leído al respecto estos días lo han dicho los afectados: sobre todo,
aunque no solo, trabajadores y educadores sociales. El principal cambio de
modelo es dejar de pagar sueldos miserables si se quieren tener servicios de
calidad. En este tema es curioso que siempre salga a relucir el carácter vocacional
de nuestra profesión. Debe de ser que como siempre han pagado poco, piensen que solo nos mueve un cierto carácter misionero. Pues no, con la vocación no basta. Hace demasiado tiempo que dura este
malentendido.
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