Ante las denuncias del Defensor del Pueblo y de sus homólogos autonómicos, algunos responsables de Infancia respondieron negando las acusaciones. Está bien que la gente se defienda, pero me parece inadmisible que ante acusaciones tan graves entre funcionarios del Estado la cosa quede, como si dijéramos, en tablas.
Una de las condiciones de la democracia es que el poder no se concentre en un solo lugar. En el caso de los menores tutelados el equilibrio entre poderes es más frágil: la familia es el Estado. Un equilibrio complicado: exige ser a la vez el mismo que protege al menor y el que protege al menor de ti.
Por supuesto que existen mecanismos de control. El Defensor del Pueblo es uno, la prensa, los propios profesionales que trabajan en los centros o en los departamentos de Infancia y, en última instancia, la Justicia. De hecho estos mecanismos están dando sus frutos y algunos centros donde se demostraron negligencias graves, como el de Villaconejos (Cuenca), han sido clausurados. Pero sigue resultando perverso que se deje únicamente en manos del mismo departamento denunciado la solución de un problema que a veces ni tan sólo reconoce.
Por eso creo que hacen falta inspecciones o auditorías independientes que hagan un diagnóstico certero sobre cada centro. Saber la verdad cuesta un riñón, lo sé, pero al menos que se gaste el dinero público en temas relevantes. Falta transparencia, porque la transparencia mejora las instituciones pero también corta cabezas.
Desde luego también hace falta una regulación clara de los centros de menores: difícil evaluar algo si no se tienen indicadores de lo que está bien o de lo que está mal. No estaría de más que los responsables de las autonomías unificaran criterios sobre tipologías de centros, ratios, profesionales, métodos disciplinarios, normas, accesos a los centros, costos, etc. Una especie de pacto donde la voz de los técnicos fuese relevante. ¿Ciencia ficción? Digo yo que los niños de Extremadura, Andalucía o Cataluña se parecen bastante como para poder llegar a acuerdos en este tema.
Hace tiempo que los educadores sociales y los colegios profesionales reclaman más profesionales y más recursos. La externalización de los servicios, me temo que imparable, no debería significar lo que significa en muchos casos: precariedad laboral y precariedad educativa.
Aunque de nada serviría aumentar los recursos sin un pacto que los ordene.
3 comentarios:
Sin duda uno de los problemas es, como señalas la externalizacion: se hace un concurso y el que lo haga a menos precio ... Cuando no se resulve el asunto subvencionando entidades para que realicen esta funcion... En el fondo el Estado se desentiende de una obligacion. La solucion pasa por concertar los servicios como se ha hecho con la enseñanza
Sin duda alguna la solución pasa por concertar los sevicios.
Debemos reconocer la importancia de establecer mínimos de calidad, por debajo de los cuales se hace imprescindible la intervención de los organismos competentes para dignificar la atención hacía los que han depositado su confianza en unos profesionales con entidad propia y función pedagógica, profesionales que realizan una tarea educativa y reeducativa a través de la convivencia cotidiana, con todo lo que ello implica.
El País sacó varios días hace unos meses a doble página el tema y nadie lo comentaba... es triste, pero los menores sólo son noticia cuando agreden ellos a alguien, o beben en botellón, y entonces resulta que todos son malos, delincuentes y vagos y que la juventud va por ahí quemando banderas y poniéndose piercings, eso sí que vende periódicos... Quique, por qué no te ponen a ti al frente de una coordinación de la regulación de centros de menores entre las diferentes comunidades autónomas... dime dónde hay que votar y te voto, ojalá fuera así de sencillo, y efectivamente los niños andaluces se deben de parecer bastante a los niños gallegos, cuánta tontería entre Administraciones y la casa sin barrer...
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